El viernes 30 de agosto de 2024, el Estado logró asegurar el derecho a la tierra para niñas, niños y adolescentes junto con sus familias, en las zonas del Chaco y Canindeyú, recuperando sus hogares y pertenencias que habían perdido
debido a desalojos forzosos.
Además, se devolvieron tierras ancestrales a pueblos indígenas y campesinos afectados por tenencias ilegales, permitiéndoles retomar
sus cultivos y reconstruir sus vidas. En asentamientos urbanos, las familias recibieron los títulos de propiedad de sus tierras, asegurando su estabilidad.
Asimismo, se logró que no se utilicen pesticidas cerca de viviendas y escuelas, y se detuvo la plantación indiscriminada de soja en tierras cercanas a las comunidades, garantizando entornos más saludables y seguros para todas las personas.